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Un estudio pone de manifiesto cómo las mujeres conseguían burlar las normas jurídicas que las excluían de las actividades que tuvieran que ver con la banca y el cambio.

El concepto de microcrédito como préstamo de pequeñas cantidades de dinero que posibilita que personas sin recursos puedan desarrollar proyectos laborales por su cuenta fue ya puesto en marcha por algunas mujeres en la Roma Antigua. Estas mujeres lo impulsaron gracias a contratos de préstamo de pequeñas cantidades de dinero realizados por y entre mujeres y garantizados con contratos de prenda en los que se entregaban en garantía objetos personales de poco valor.

La existencia de este sistema de microcréditos se conoce a través de diferentes fuentes, fundamentalmente epigráficas, tales como las inscripciones encontradas en la Casa de Granio Romano, en Pompeya,  que recogen negocios jurídicos como el realizado entre la prestamista Faustilla quien concede préstamos a otras mujeres, con intereses al 6,25%, quedándose como garantía de devolución en concepto de aval (a través de pignus-prenda) objetos personales como unos pendientes o un abrigo.

Carmen Lázaro, profesora de Derecho Romano de la Universitat Jaume I, señala que estos préstamos conseguían realizarse de forma legal y evitar la necesidad de ser autorizados por el tutor (a tenor de las reglas de la necesaria intervención del tutor en la realización de negocios jurídicos realizados por mujeres) “al ser el dinero un bien fungible y por tanto no sometido a formalidad para que su transmisión proporcionara efectos jurídicos”.

Además, al ser lo depositado el dinero de la prestamista, “el préstamo podría haber adoptado la forma de un deposito irregular, contrato bilateral imperfecto que, en principio, solo generaría obligaciones para el depositario”. La utilidad del depósito irregular descansaría en que solo genera obligaciones, en principio, para una parte, la depositaria, de forma que la prestamista podría también eludir la necesaria intervención del tutor.

Pruebas literarias y epigráficas

Los estudios realizados por Carmen Lázaro también recogen otras evidencias de negocios de préstamos entre mujeres como las encontradas en las tablillas pompeyanas de Murécine o en algunas fuentes literarias. En definitiva, la investigadora señala que las fuentes epigráficas y literarias muestran cómo, a pesar de la prohibición de participar en actividades de banca y cambio, las mujeres eran sujeto activo y pasivo de obligaciones vinculadas a préstamos pecuniarios y que operaban en el ámbito de la banca y el crédito.

Las limitaciones legales con las que se encontraban las mujeres en la Roma Antigua fueron precisamente, según señala la investigadora, las que llevaron a consolidar este sistema que sin oponerse al ordenamiento jurídico encontraba el mecanismo adecuado para que las mujeres pudieran realizar sus transacciones.

En este sentido, cabe tener en cuenta que la legislación impedía a las mujeres tener acceso a determinadas figuras contractuales que limitarían la realización de determinados negocios jurídicos a no ser que interviniera su tutor, por ejemplo, la solicitud de un préstamo pecuniario o la posibilidad de ser las prestamistas.

Sin embargo, los créditos entre mujeres formalizados a través de figuras jurídicas que escapan a los limites generales y habituales y desde su condición femenina, permitían la movilidad de pequeñas cantidades de dinero, esto es, la ejecución de préstamos operados por prestamistas relativamente acomodadas a prestatarias presuntamente más pobres que no podían acceder al crédito a través de la vía tradicional.

En definitiva, señala la investigadora que se trata de “un negocio que tiene las características de los hoy conocidos como microcréditos y que permitía a las mujeres disfrutar de cierta independencia de movimientos y obviar la prohibición referida en la norma jurídica”.

Mujeres comerciantes y empresarias

Quizá las mujeres romanas se anticiparon así al actual desarrollo del sistema de microcréditos impulsado por el premio Nobel de la Paz y doctor honoris causa de la Universitat Jaume I Muhammad Yunus, quien puso en marcha a través del Banco de los Pobres en Bangladesh un mecanismo de pequeños préstamos que ha permitido salir de la pobreza a millones de personas, especialmente mujeres. Más aun, las prestamistas también eran mujeres.

Por otra parte, Lázaro destaca que la actividad de las mujeres en el campo de los negocios en la Antigua Roma iba más allá de la actividad de préstamos, teniéndose constancia de mujeres dedicadas al mundo del comercio y de la empresa. Así, las mujeres dirigían navieras, empresas de manufactura textil y de calzado, negocios dirigidos a proporcionar embellecimiento a otras mujeres, comerciaban con artículos de lujo y productos de alimentación o regentaban negocios de hostelería, entre otras actividades.

“Esta libertad femenina en el ámbito de los negocios a pesar de las prohibiciones se vio favorecida por la sucesión de períodos bélicos. La ‘falta’ de hombres, que morían o estaban luchando en el frente, hacía prácticamente imposible el ejercicio de la patria potestad, es decir, las mujeres eran independientes de hecho, por lo menos en el aspecto económico ya que eran las herederas (de maridos, padres, hermanos e hijos que desafortunadamente morían durante las contiendas) en un sistema en el que la mayoría de matrimonios se celebraban sine manu, es decir, un matrimonio que proporciona  un régimen económico que podemos considerar antecedente del de separación de bienes”, explica.

Una posición de la mujer que lleva a Carmen Lázaro a recordar la cita de René Pichon en la que afirma que “en un pueblo, como el romano, que no es precisamente feminista, las mujeres tienen libertad, actividad e influencia, más que en sociedades que dicen tenerla”.

Artículo publicado en Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC).

Una investigación de la Universidad de Barcelona (UB), en colaboración con la Universidad de la Ciudad de Nueva York, ha estudiado los efectos de la llamada ‘violencia de persecución’ sobre las víctimas de ETA en Euskadi. Un enfoque científico que Javier Martín Peña, investigador principal del estudio, considera “necesario para la construcción de la narrativa e historia de lo sucedido”.

El estudio se llevó a cabo a partir de entrevistas con personas amenazadas por ETA en Euskadi. Imagen: Emilio García.

“El reciente cese definitivo de la violencia por parte de ETA, con la pertinente prudencia, marca una nueva etapa en especial en Euskadi, donde la violencia, amenazas y coacciones han tenido un fuerte impacto sobre víctimas y amenazados”, declara a SINC Javier Martín Peña, investigador de la UB y autor principal de un estudio sobre los efectos de esta situación prolongada.

Los investigadores utilizaron la teoría psicosocial de la exclusión moral como herramienta para enmarcar, desde un enfoque científico, un fenómeno como el de la violencia, amenazas y coacciones que se han venido produciendo en Euskadi sobre distintos colectivos considerados objetivos de ETA.

El estudio, que se hizo en 2009 y se publica este año en la Revista de Psicología Social, se llevó a cabo a partir de entrevistas con personas amenazadas por ETA en Euskadi. Posteriormente, participaron en la investigación 85 personas objeto o víctimas del entramado de ETA que aportaron su testimonio por escrito. La muestra fue mayoritariamente de hombres (76,5%) con una edad comprendida entre 40 y 49 años, de los cuales el 57% pertenecía al sector profesional público y de los que la mitad (51%) atribuyeron el acoso y amenazas a su actividad política.

Martín Peña apunta que “ante el cese de la violencia de ETA, el conocimiento de los distintos procesos de victimización puede ser útil para la concienciación social sobre las injusticias padecidas por los afectados y para su memoria”.

Los testimonios analizados en el estudio señalan un proceso de exclusión moral de las víctimas y describen aspectos que van más allá de las acciones de agresión y sus efectos.

“Obtuvimos las siguientes dimensiones de exclusión moral: alcance social limitado a colectivos específicos amenazados por el entramado etarra; comportamientos hostiles –predominantemente de baja intensidad– con estrategias de intimidación y amenaza reforzadas por la potencial violencia física; y una participación pasiva de parte de la sociedad, que facilita la indiferencia hacia las víctimas y en ocasiones su propia culpabilización”, explica Martín Peña.

“Las Fuerzas de Seguridad me advirtieron de que entre la documentación incautada a un comando de ETA estaba mi nombre”. “Han desaparecido las agresiones desde que tengo escolta”. “Pusieron dos bombas en mi facultad”. “Se rieron con pintadas del asesinato de un familiar mío”. Estos son algunos de los testimonios de afectados. La mayoría señaló como situaciones más habituales la coacción y la violencia psicológica.

Como indica Martín Peña, “todo ello ha llevado a la utilización de medidas de seguridad y autoprotección así como al uso de servicios de escolta, con efectos sobre la vida cotidiana de la persona y su entorno cercano”.

“Sales con personas que no conocen tu situación, y no se lo comentas, estás viviendo prácticamente una segunda vida, y todo por tu seguridad”, señala una persona amenazada.

Búsqueda de apoyo social e institucional

Las víctimas manifestaron diferentes actitudes divididas en ‘pasiva’ y ‘activa’. “Intentas hacer vida normal, como antes de ser objetivo del entramado etarra”. “Me pusieron escolta en 2003, pero hasta entonces todo eran amenazas”, son algunas de las declaraciones de respuesta activa.

Por otro lado, la participación pasiva se hace evidente para las víctimas por falta de apoyo social e institucional suficiente e incluso por la culpabilidad que algunos hacen recaer en ellas. “Lo que peor llevo es el silencio de la sociedad”. “La sociedad vasca se ha acostumbrado a esta situación, piensan que si llevas escolta, por algo será y no haberte metido en líos”, atestiguaron.

Para el experto, el apoyo social e institucional es un factor de protección, y es precisamente el que las víctimas de ETA en general, y en especial en Euskadi, han percibido como insuficiente, según el estudio.

La opinión negativa sobre la respuesta institucional ante la situación de violencia padecida es un aspecto semejante entre el presente estudio y otras investigaciones, como las del grupo ISAVIC o el “Proyecto Fénix”. La Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, aprobada recientemente, recoge la figura de los ‘amenazados’, incorporando un marco de apoyo y reconocimiento para quienes han sufrido coacciones.

“Ante un nuevo panorama sin la existencia de violencia, es muy probable que prevalezcan las actitudes de desconfianza por parte de víctimas y amenazados en Euskadi. Hay que tener en cuenta que durante muchos años han estado sometidos a una situación de acoso sostenido en el tiempo, y han visto cómo después de varias treguas y ceses de violencia por parte de ETA, esta se reanudaba”, concluye el investigador.

Referencia bibliográfica:

Javier Martín-Peña, Susan Opotow, Álvaro Rodríguez-Carballeira. “Amenazados y víctimas del entramado de ETA en Euskadi: Un estudio desde la teoría de la exclusión moral”. Revista de Psicología Social, 26(2), 177-190, 2011.doi: 10.1174/021347411795448992.
Artículo publicado en Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC).

Aproximadamente, tres de cada diez jóvenes de entre 15 y 29 años manifiestan que son ateos o no creyentes en España. Por otro lado, tan solo un 10% declara ser católico practicante, según un informe del Instituto de la Juventud (Injuve).

En el primer “Sondeo sobre valores (2008)” del Injuve, siete de cada diez jóvenes encuestados afirmó que la religión tenía “poca o ninguna importancia” en sus vidas. Imagen: Nicodeux.

El informe “Serie histórica de índices de práctica religiosa de la juventud en España”, que recaba información sobre la práctica religiosa de los jóvenes desde 1967 hasta 2010, destaca que, a  pesar de que el conjunto de jóvenes que se declaran católicos –practicantes o no– es del 55%, en el primer “Sondeo sobre valores (2008)” del Injuve, siete de cada diez jóvenes encuestados afirmó que la religión tenía “poca o ninguna importancia” en sus vidas.

“Dado que la práctica religiosa es una variable ideológica que se ve afectada por acontecimientos coyunturales es más fiable analizar ciclos largos. Afortunadamente, tenemos información procedente de datos de encuesta que se remonta a más de cuatro décadas”, apunta el Instituto.

En 1967, un 94% de la población de entre 15 y 29 años manifestaba ser católica y la mayoría era practicante (77%). Ocho años después, poco antes de la muerte del dictador Francisco Franco, los que se declaraban católicos descendieron hasta un 79% y un 20% se declaró no creyente o indiferente, “porcentaje silencioso (o silenciado) en las pocas encuestas que se hacían por entonces”, explica el trabajo.

Asimismo, el porcentaje de católicos practicantes cayó 45 puntos –del 77% al 32%– desde 1967 hasta 1975.  “Este dato abunda en la evidencia de que a la iglesia católica (o a sus intereses) no le sentó bien el advenimiento de la democracia”, apunta el texto.

Desde 1975 hasta septiembre del 2002, el número total de jóvenes católicos se redujo de forma poco perceptible. En diciembre de ese último año, se produjo un cambio de tendencia que dura unos seis años y que se caracteriza, sobre todo, por la reducción precipitada de los católicos practicantes a favor de los no practicantes. El porcentaje total de católicos cae otros diez puntos.

A partir de marzo 2008 y hasta ahora, el total de jóvenes católicos se sitúa por debajo del 60%, con tendencia decreciente (aunque persisten las oscilaciones). El número de jóvenes católicos practicantes se ha estabilizado en torno al 10% y el de no practicantes desciende hasta el 45%.

El informe contiene información extraída de los Informes de Juventud (Injuve) en España que se realizan desde 1967, así como de Revistas de Estudios realizadas por el mismo Injuve desde marzo de 2002 hasta noviembre de 2010.

Artículo publicado en Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC).

El equipo de investigación sobre Bioética de la UNED ofrece una serie de vías para dar a conocer los derechos existentes en torno al llamado ‘testamento vital’.

Las leyes españolas conceden a los ciudadanos herramientas para gestionar las decisiones que conciernen al final de sus vidas. Imagen: Theske Slijkerman

Las leyes españolas conceden a los ciudadanos herramientas para gestionar las decisiones que conciernen al final de sus vidas. Ana M. Marcos, profesora de Derecho de la UNED, es la investigadora principal del proyecto de investigación en bioética ‘Optimización de la información y gestión de las instrucciones previas’ financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y que ha puesto en marcha la página web www.testamentovital.net.

Los objetivos principales de los miembros de este grupo, procedentes de disciplinas como el derecho, la economía o la filosofía, son poner en marcha mecanismos para mejorar el conocimiento y la formación de ciudadanía y los agentes sanitarios en torno a estas regulaciones.

¿Qué es el testamento vital?

El testamento vital surgió en los años 60 en EE UU. En España, país al que llegó más tarde, se refleja en la ley con el nombre de ‘Instrucciones Previas’ o ‘Voluntades Anticipadas’, que varía por Comunidades Autónomas. Estas ‘Instrucciones Previas’ hacen referencia a una serie de herramientas legales que, desde la ley 41/2002, ponen a disposición de los ciudadanos el derecho a “consignar por escrito su voluntad acerca del tipo de cuidados y el tratamiento de su salud para el caso de que algún día se hallaran incapacitados para expresarla”.

Este derecho, sin embargo, ha sido escasamente ejercido por parte de una ciudadanía que no está informada de su existencia y que, además, puede no estar socialmente preparada para tratar las cuestiones que se plantean en torno al fin de la vida. Uno de los objetivos de la página web que ha lanzado el equipo de Ana M. Marcos es precisamente conseguir que sobre este tema se genere un debate público y abierto.

La investigadora de la UNED explica cómo con la página web se busca cumplir dos objetivos principales: “Dar una información general y práctica: cual es el procedimiento para hacer este tipo de testamentos, dónde están los registros, qué se necesita, dónde acceder a los modelos, etc., y fomentar un debate sobre cómo se está cuidando el morir y la última fase de vivir. Reflexionar sobre temas como el de los cuidados paliativos y otros vinculados a estos momentos vitales”.

En este proyecto, centrado en vitalizar la comunicación de la ciudadanía con los expertos, el grupo de investigación ha habilitado una dirección de correo electrónico, testamentovital@adm.uned.es, a través de la cual responder a las diferentes dudas que puedan surgir. Su presencia en las redes sociales, con páginas en Facebook y Twitter, completan el círculo de apertura y hacen de este proyecto un ejemplo de transferencia de los resultados de investigación que, tras ser generados desde la universidad, se comparten con el resto de los ciudadanos.

De la “medicina paternalista” a la autonomía de los “pacientes-impacientes”

El ámbito de la sanidad ha vivido en los últimos años un cambio sustancial, impulsado por cuestiones como la obligatoriedad del consentimiento informado. La separación radical entre los médicos como portadores absolutos de un saber incuestionable del que no tienen que dar explicaciones y los pacientes como meros sujetos sin capacidad de acción que obedecen sin preguntar se ha roto.

Los avances en la biomedicina y la biotecnología han borrado los puntos fijos que señalaban el comienzo y el final de la vida. Como indica Ana M. Marcos, “estos puntos se han convertido en un proceso. De esta forma, el inicio y el final de la vida son fronteras con límites difusos. Un paciente puede por medios artificiales ser mantenido con vida bastante tiempo”.

Las leyes que regulan las decisiones que se pueden tomar para los últimos momentos de la vida abren a los ciudadanos la posibilidad de informarse y decidir en cuestiones directamente relacionadas con su calidad de vida. Algunas de estas decisiones pasan por la elección de atención domiciliaria, la aceptación o declinación de los cuidados paliativos, la atención psicológica, etc. Desde este proyecto de investigación se busca generar un debate acerca de cómo afronta el ciudadano español hoy en día la muerte y el decidir acerca de los tratamientos médicos.

En este contexto de necesaria redefinición y definición flexible, tanto del papel de los médicos y los pacientes como el de los procesos vitales, la comunicación entre personal sanitario y personal atendido se torna clave en el sistema médico y asistencial.

El papel de la bioética

Pero ¿de qué modo se ha volcado este cambio en la formación de los agentes sanitarios? ¿Quién forma a los médicos como informadores? Según Ana M. Marcos, “en los estudios oficiales no hay formación de cómo informar. Pero la carrera médica es muy vocacional y todas las personas tratan de formarse para establecer el mejor mecanismo de comunicación con el paciente”.

Prueba de lo que señala la académica es el hecho de que en el “Curso experto en bioética y bioderecho” que imparte en la UNED el mayor porcentaje de estudiantes son sanitarios. “Llega un punto en que los argumentos médico científico-técnicos dejan varias opciones: aquí tienen que ser la ética y lo jurídico quienes entran en juego”, dice Marcos. Así, “Cada vez más el personal sanitario se está acercando a las facultades de filosofía y derecho, preguntándose por la ética, por la argumentación y por las normas jurídicas que regulan su actuar”, añade.

La autonomía de los pacientes, como muchas otras cuestiones que entran en relación con las consecuencias del progreso científico, debe asumirse desde la mirada multidisciplinar que aporta la bioética; así, Marcos destaca cómo “los médicos cada vez más se están formando en ese sentido y no podemos olvidar que quién tiene el conocimiento es el médico” por lo que señala, como punto clave para el análisis de estas cuestiones “optar por el principio de autonomía, matizado por el de responsabilidad”.

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Más información:

-> Ver reportaje con vídeo en DivulgaUNED

Equipo Investigador:

Dr. Benito de Castro Cid, Catedrático emérito de Filosofía del Derecho, UNED
Dr. Graciano González Arnáiz, Profesor Titular de Universidad de Ética, Universidad Complutense de Madrid
Dr. Pedro Juez Martel, Profesor Titular de Universidad de Economía, UNED
Dr. Enrique Lluch Frechina, Profesor de Economía, CEU Valencia
Dr. Victor Amaya Rico, Profesor Tutor de la UNED,
Dr. Koldo Martínez Urionabarrenetxea, Médico Adjunto del Hospital de Navarra, Máster en Bioética
Dra. Sara Montero Sánchez, Investigadora UNED
D. José Ramón Díez Rodríguez, Profesor Tutor de la UNED, DEA por la UNED

Artículo publicado en Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC).